04 de marzo, 2022

El gran hermano

Por Mike Ojeda

El pasado domingo 2 de octubre, The Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó una investigación en colaboración con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en la cual se revela que entre 2019 y 2021 el Gobierno de México ha utilizado el sistema de espionaje Pegasus para vigilar a periodistas y defensores de los Derechos Humanos (https://bit.ly/3RvetBY).

El reporte detalla particularmente el caso de Raymundo Ramos Vázquez, activista tamaulipeco espiado en agosto y septiembre de 2020 por denunciar una ejecución extrajudicial de tres civiles por parte del Ejército Mexicano (https://bit.ly/3UYhC04), Ricardo Raphael, periodista y analista político espiado en octubre de 2019 y diciembre de 2020 por sus investigaciones sobre el cartel de los Zetas y el Ejército (https://bit.ly/3yaJCnm) y un periodista de Animal Político (que prefirió permanecer en el anonimato) espiado en junio de 2021 tras publicar una nota relacionada con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas (https://bit.ly/3LZQJo8).

Lo grave del asunto está no solo en el hecho de que el gobierno haya utilizado un sistema previamente empleado por la administración de Enrique Peña Nieto (https://bit.ly/3Sz53GH) ni tampoco en que el presidente López Obrador haya negado el espionaje a la ciudadanía (https://bit.ly/3T8NSMj), sino que en que esta investigación podría solo ser la punta del iceberg de una red de espionaje mucho más compleja empleada por el Estado Mexicano para vigilar a personajes incómodos de la sociedad civil organizada, miembros de la oposición, disidentes políticos y el resto de la ciudadanía que ponga en evidencia los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país (https://bit.ly/3rqGYpD).

Tristemente, no es novedad que el actual gobierno sea adverso a la libertad de expresión y el periodismo cuando exponen verdades contrarias a la narrativa oficialista. Tan solo el año pasado ARTICLE 19, organización internacional la libertad de expresión y el derecho a la información, fue atacada en medios nacionales por el presidente López Obrador después de un reporte sobre la violencia contra periodistas en el país (https://bit.ly/3SArhIz). Poco después, el Parlamento Europeo emitió una resolución pidiendo al gobierno mexicano garantizar la seguridad de los periodistas cuya situación era lamentable en lo que iba del sexenio (https://bit.ly/3BXFS9C), a la cuál el presidente respondió con una insólita carta señalando a los eurodiputados como "borregos y golpistas" (https://bit.ly/3fBCJ83).

Aún cuando el presidente se jacta de ser un defensor de la libertad de expresión y asegure que en México "no se violan Derechos Humanos", tanto las cifras oficiales como los datos señalados por medios y particulares difieren radicalmente de sus aseveraciones. Por tanto, pareciera más sencillo para este gobierno negar por un lado a la realidad mostrando "otros datos" y mofándose de quienes expongan lo contrario (https://bit.ly/3C1EHWZ), y por otro lado amedrentar a quienes resulten lo suficientemente relevantes como para poner en jaque a su narrativa (https://wapo.st/3M1hh8w).

El uso de sistemas de espionaje para vigilar a esas personas incómodas al gobierno del presidente López Obrador trae consigo macabros ecos orwellianos, tanto por un contexto en el que el lenguaje se adapta desde arriba para transmitir una distorsión de la verdad como por el uso de la fuerza tecnológica para escuchar a las voces que callar. Si casos como este no son señalados podemos correr el riesgo de amar al gran hermano.

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