20 de marzo, 2022

La carga de la deuda pública en México.

Por Asael Polo

Existe un amplio consenso acerca de que la reducción de la deuda pública es un hecho positivo. No obstante, ¿por qué debemos preocuparnos por la deuda pública y si esta aumenta o disminuye? Se trata de una pregunta difícil, cuya respuesta exige una reflexión detenida sobre los costes de la financiación de la deuda y sobre quién los soporta.

Comencemos señalando que las generaciones futuras tendrán que amortizar la deuda, o bien refinanciarla (refinanciar significa simplemente endeudarse de nuevo para pagar a los acreedores actuales). En ambos casos se produce una transferencia de los contribuyentes futuros a los tenedores de deuda porque, aun cuando la deuda sea refinanciada, será necesario pagar los intereses a los nuevos acreedores. Parece, pues, que son las generaciones futuras las que se ven obligadas a soportar el peso de la deuda.

Cuando el gobierno pone en marcha un proyecto, no importa si financiado mediante impuestos o a través de un préstamo, se detraen recursos del sector privado. Normalmente, se supone que cuando se recurre a la financiación a través de impuestos, la detracción de recursos afecta principalmente al consumo.

Por su parte, cuando el Estado se endeuda, compite para obtener fondos con personas y empresas que necesitan dinero para financiar sus propios proyectos de inversión. De ahí que, en términos generales, se considere que la deuda afecta especialmente a la inversión privada.

Los argumentos esgrimidos contemplan el caso de México. Desde comienzos de la presente administración la deuda pública ha venido abultándose. Tomando como un indicador de la deuda pública ampliada el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda se ha incrementado durante este año en 3.7 billones de pesos respecto al nivel del cierre de 2018. La medida como porcentaje del PIB, se estima en un incremento para fines de 2022 de casi el 50% respecto al 43.3% en 2018.

Si bien ha habido un balance relativamente equilibrado entre ingresos y egresos en este año, esto no los exime de la irresponsabilidad en acciones que en el futuro podrían encausar a mayores presiones del déficit público, tal es el caso de la renuncia recaudatoria para la utilización de recursos para subsidiar el uso del automóvil, en un ambiente de precios internacionales de energéticos elevados. Además de ineficiente, el apoyo ha sido inequitativo al favorecer más al que más autos tiene y mayor uso les da.

Por otra parte, las mayores partidas presupuestarias por arriba de las planteadas a proyectos de infraestructuras que no parecen rentables desde el punto de vista económico y debatible desde el punto social.
En esa medida, se pensó que los ingresos petroleros serían suficientes para compensar la caída recaudatoria por los subsidios energéticos y las mayores erogaciones a los proyectos insignia de esta administración; sin embargo, no fue el caso. Para compensar ese descenso, el gobierno buscó compensar el déficit con otros apretamientos vía impuestos. Por otra parte, se hizo un subejercicio para mantener el flujo de dinero en estos proyectos a costa de desproteger rubros tan importantes como seguridad, salud, justicia y educación; rubros que tienen cifras notablemente deplorables.

El desvío de recursos a aspectos elogiados como el Tren Maya, Refinería de Dos bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, además de poner en peligro la propia sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda, expone al ciudadano que encuentra cada vez menos recursos para enfrentar el desplome económico que experimentamos en este sexenio.

La coacción tributaria se encamina a ser el epitafio de López Obrador.

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