02 de marzo, 2022

CONSENSO Y DIÁLOGO: REFORMA ELECTORAL

Por Emiliano Reza

La aprobación de una reforma electoral debe significar la transición hacia un modelo político de elección mejor desarrollado, y así lo demostraron las reformas de 1977, 1990, 2008 y 2014, fortaleciendo los mecanismos de representación, garantizando la plena y efectiva pluralidad.
El diseño de nuestra vigente autoridad electoral es el resultado de años de esfuerzo, debate y exigencias, producto de la desconfianza histórica de los procesos electorales que durante el siglo XX permitieron la permanencia hegemónica de un solo partido, que controlaba todos los aspectos de la vida pública de México.
La Reforma Electoral que actualmente se busca impulsar, modifica la raíz de las cuerdas sistemáticas de nuestro régimen político y al emplear cambios tanto en la constitución como en las leyes secundarias, busca transformar el funcionamiento e integración de la representación democrática de nuestro país.
Todo cambio estructural debe estar acompañado de diálogo y consenso entre las fuerzas políticas, y para ello se necesita debate, ideas, propuestas y colaboración entre los partidos, dejando atrás las confrontaciones y divisionismos, para que de esta forma se le asegure a los mexicanos que la nueva reforma electoral contribuirá a la salud de la democracia mexicana.
Tanto en PRI, como el PAN, trabajaron en sus propias reformas político-electorales de oposición, y aunque existen ciertos propósitos diferentes en cada una de ellas, se encuentran varios puntos en común; como la implementación del mecanismo de segunda vuelta, regular la sobrerrepresentación y la anulación de candidaturas donde haya intervención del crímen organizado.
También es importante señalar que tanto la oposición como Morena y sus aliados, buscan impulsar el voto electrónico, por lo que sí existen visiones encontradas para implementar diferentes cambios en el sistema.
La iniciativa presidencial toca un aspecto que ha generado inconformidad entre los diferentes partidos y organizaciones opositoras, pues busca transformar las bases estructurales del INE, que durante todos estos años ha demostrado su buen y efectivo funcionamiento, y aunque existen aspectos para mejorar, no es el momento de quitarle legitimidad.
Se pretende eliminar a los OPLES, y a los tribunales locales, para que el propuesto INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) se convierta en el único órgano nacional encargado de los procesos electorales.
Esta es la parte más conflictiva de la reforma, pues el cambio traería incertidumbre, desconfianza y le quitaría legitimidad a una autoridad electoral extremadamente simplificada y reducida, con el riesgo de nuevas intervenciones arbitrarias desde el poder ejecutivo, abusos con los que luchamos los mexicanos a lo largo del siglo XX, y no podemos volver a dejar que se repitan.

Una Reforma Electoral bien hecha debe fortalecer a los ciudadanos frente a sus gobernantes, respetar los contrapesos, sumarle credibilidad al instituto encargado de las elecciones, darle mayor autoridad a sus consejeros e incluir mecanismos de legitimidad para el buen desempeño de los poderes supremos de la nación.
Pero sobre todo, debe ser impulsada por la mayor unanimidad y consenso posible, a través del diálogo entre las fuerzas políticas, donde se busque estructurar una iniciativa en común, que deje atrás las ideologías de partido, no defienda a capa y espada los dogmas y se enfoque en avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia, por el bien de los ciudadanos mexicanos, a mediano y largo plazo.

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